En la sentencia, el Tribunal Supremo condena a Alfredo S.C. por un delito de revelación de secretos cometido por funcionario a una multa de 4.380 euros y a un año de inhabilitación especial para empleo o cargo público relativo al desempeño de funciones policiales.

El ahora condenado era inspector jefe de la Brigada de Seguridad Cuidadana de la Comisaría de Policía de Logroño y había sido absuelto por la Audienca Provincial de Logroño.

Sin embargo, el Supremo considera que lo importante no es la gravedad o trascendencia de tal revelación (argumento empleado por la Audiencia Provincial de Logroño para justificar la absolución), sino el daño causado al bien jurídico protegido, que es la estricta confidencialidad de las informaciones de que dispone la Administración.

Para los magistrados, nada hay "más desmoralizador que el custodio de la legalidad -en el concreto aspecto del sigilo profesional- se conviera en el infractor de la norma".

Añaden que en este caso, "se trata de una cesión de información a un tercero en tema referente a inmigración ilegal, y a trabajo clandestino en clubes de alterne de mujeres en situación ilegal en España, cuestiones ambas muy sensibles por el marco de explotación que suele acompañar tales actividades".