En la sentencia, notificada hoy, los magistrados sostienen que "las manifestaciones del acusado expresan un evidente menosprecio a S.M. el Rey y a la institución que encarna en su persona, afectando al núcleo último de su dignidad, en cuanto le está atribuyendo una de las manifestaciones delictivas más graves en un Estado de Derecho y, por consiguiente, ultrajante y claramente atentatorio para la honorabilidad".

Asimismo, los magistrados recuerdan que la Constitución reconoce que la libertad de expresión "no es un derecho ilimitado y absoluto, y que existen límites por el respeto debido a otros derechos fundamentales y, en concreto, hace expresa referencia al derecho al honor".

Tras señalar que así lo han establecido sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, los magistrados afirman que la Constitución no reconoce en modo alguno "un pretendido derecho al insulto".

De esta manera, el Supremo revoca la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco absolvió a Otegi de injurias graves al Rey y le impone un año de prisión por este delito. VOTO PARTICULAR La sentencia contiene un voto particular, el del magistrado Perfecto Andrés Ibáñez. "No hay ofensa ni mortificación de la persona, sino un burdo parecer negativo sobre el rol de la institución. Juicio que guarda plena coherencia con la actitud política del emisor y del grupo por él representado, en ese momento dentro de la legalidad", afirma.

Para este magistrado, "la Constitución abre el más amplio espacio a la discrepancia; hasta el punto de admitir exteriorizaciones torpes de desafecto a las instituciones, si se limitan al plano verbal".

"Es por lo que en tal espacio tienen cabida, incluso, declaraciones como las contempladas, que por su total negatividad y su ausencia de rigor intelectual y de finura dialéctica, son una suerte de desahogo subcultural o de exabrupto", añade el magistrado.

Los hechos que han dado lugar a la sentencia del Supremo se produjeron el 26 de febrero de 2003, cuando Arnaldo Otegi participó en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, en la que afirmó que "el rey español es el jefe máximo del ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y que ampara la tortura y que impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y la violencia".