El Alto Tribunal admite en parte el recurso interpuesto por el PNV contra un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 27 de julio, que desestimó las solicitudes de compensación o restitución de once inmuebles reclamados por la formación que preside Xabier Arzalluz. El Gobierno alegó que no había quedado acreditada la vinculación entre las entidades titulares de los inmuebles y el PNV en el momento de s incautación.

La sentencia del Supremo restituye, además, al PNV la titularidad del batzoki de Zorroza (Vizcaya), que de hecho ya estaba ocupado por la formación peneuvista desde 1977, aunque se mantenía la titularidad del Estado.

El Supremo considera probado que, aunque estuviesen a nombre de sociedades instrumentales, los inmuebles eran utilizados por el PNV para sus actividades políticas y fueron requisados por el Gobierno de Franco en aplicación de la legislación de responsabilidades política que se impuso a los partidos políticos democráticos por la dictadura franquista.

En consecuencia, el Supremo estima que la reclamación planteada por el PNV cumple con los requisitos exigidos en la ley promulgada en 1998 para la restitución o compensación a los partidos políticos por los bienes y derechos incautados por el régimen franquista.