El Alto Tribunal ratifica que en una finca propiedad de Vicente Solana Rios, y según el acta de los controladores laborales, se halló trabajando a los súbditos marroquíes que "se encontraban indocumentados" en el momento de la visita, sin poder cotejar sus pasaportes, que tampoco aparcieron ni en ese momento ni a lo largo de la instrucción del procedimiento contra el infractor.

En su defensa, el empresario condenado alegó que no se conocía la actividad que realizaban los inmigrantes en su parcela y que, para saber si tenían o no permiso de trabajo, primero debían ser identificados.

Pero los magistrados consideran que queda demostrado que, a la vista de la Inspección, "los trabajadores estaban trabajando, eran de nacionalidad marroquí y carecían de permiso de trabajo", por lo ue debe condenarse al empresario a un pago de 501.000 pesetas por cada trabajador que mantenía en condiciones indebidas, según lo establecido por la legislación vigente.