El fallo, hecho público hoy, declara "incursos en responsailidad civil" a once magistrados del Tribunal Constitucional, y condena a cada uno de ellos a pagar 500 euros al letrado demandante.

Según informaron fuentes del Alto Tribunal, el recurso nace de una demanda que el abogado José Luis Mazón había presentado contra el nombramiento "a dedo" de los letrados del Tribunal Constitucional.

Para Mazón, esos puestos debían ocuparse mediante la realización de oposiciones, por lo que recurrió los últimos nombramientos de letrados ante la Sala de lo Contencios- -Administrativo del Supremo.

ROSARIO DE RECURSOS

Los magistrados del Supremo rechazaron el recurso de Mazón, avalando así el sistema de nombramiento de letrados del Tribunal Constitucional.

Ante esta decisión, Marzón recurrió la decisión de la Sala Contencioso-Administrativo del Supremo ante el Constitucional, cuyos magistrados, en julio de 2002, ni siquiera admitieron a trámite el recurso de dicho letrado.

En dicho recurso, el abogado Mazón pedía además que los magistrados del Tribunal onstitucional se abstuvieran de estudiar el caso.

Sin embargo, este extremo era imposible, dado que los 12 magistrados del Tribunal Constitucional no tienen suplentes en caso de abstención.

Ante esta decisión del Tribunal Constitucional, Mazón volvió a presentar un recurso, pero esta vez ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que es la que hoy ha decretado la indemnización para el mencionado abogado.

Según explicaron fuentes del Supremo, los magistrados del Constitucional debieron aditir el recurso a trámite y explicar a Mazón por qué razón se rechazaba y no se abstenían de estudiarlo.

Los magistrados que deben indemnizar a Mazón son el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, así como Tomás S. Vives Antón, Pablo García Manzano, Pablo Cachón Villar, Vicente Conde Martín de Hijas, Guillermo Jiménez Sánchez, María Emilia Casas Baamonde, Javier Delgado Barrio, Elisa Pérez Vera, Roberto García-Calvo Montiel y Eugenio Gay Montalvo.