Esas tres personas fueron juzgadas el 7 de octubre de 1991 por su participación en un plan para la evasión de varios presos etarras en helicóptero,

Los procesados fueron absueltos y puestos en libertad por la Audiencia Nacional, que consideró que los hechos imputados constituyeron un delito de evasión de presos en grado de tentativa, no de colaboración con banda armada.

Sin embargo, el ministerio fiscal pìdió 20 años de prisión para cada uno de los procesados por colaboración con banda armada, por lo que presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue admitido parcialmente por la Sala Segunda, presidida por el magistrado Enrique Ruiz Vadillo.

Según la sentencia de la Sala Segunda, "no cabe duda que tanto el procesado Muñoz Rodríguez como el procesado Beloqui Iribar han realizado comportamientos consistentes en recabar colaboración para favorecer l actividad de una organización armada delictiva".

Indica que el primero de ellos favoreció a la banda terrorista al haber solicitado la colaboración del segundo de los condenados, quien, a su vez, también favoreció la actividad de ETA por haber pedido la colaboración de Iñake Kortadi Alustizia.

De Kortadi, la sala dice que partició en el plan preparado por los otros procesados alquilando un garaje para guardar una embarcación que iba a ser utilizada en la fuga, pero que sus actos no resultan puniles porque "no constituye un aporte que permita el mantenimiento de la banda armada".

Los hechos por los que fueron juzgados ocurrieron en marzo de 1988, fecha en la que Muñoz Rodríguez se entrevistó en la prisión manchega con Juan Ignacio de Juana Chaos para proyectar la evasión de varios presos etarras en helicóptero.

El aparato iba a ser pilotado por Muñoz Rodríguez y por Mikel Beloqui, dado que conocía el recinto y el patio donde debía aterrizar el helicóptero, porque había cumplido una condea en esa cárcel por colaboración con ETA.

Beloqui se entrevistó por ese motivo en Francia con Francisco Múgica Garmendia, quien le entregó 2 millones de pesetas para la compra de la lancha, que fue adquirida en San Sebastián y guardada en un garaje alquilado por Iñake Cortadi.

Por su parte, Muñoz Rodríguez se matriculó en un curso para obtener el título de piloto, pero al conocer que no podría alquilar un aparato sin piloto, decidieron secuestrale y obligarle a aterrizar en el patio de la prisión pero el plan fue abortado por la policía, que detuvo a los tres implicados.