El alto tribunal estima así los recursos de la Xunta de Galicia y las mercantiles EGA, Asociación Eólica de Galicia y EDP Renovables España, S.L.U. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anuló dicho acuerdo.

El Supremo basa la estimación de los recursos en los mismos argumentos que los expuestos en su sentencia, del pasado 21 de diciembre, en la que consideró conforme a derecho también la aprobación provisional del mismo proyecto.

El tribunal concluye que las cuestiones que se suscitan en este proceso, referido a la aprobación definitiva del proyecto, son coincidentes en todo punto, a las suscitadas en el proceso de referencia, en el que se estudió la aprobación provisional, por lo que, en virtud de los principios de unidad de doctrina y de igualdad en la aplicación e interpretación de las normas, se reafirman en lo declarado en la anterior resolución.

El Supremo ha determinado en sus sentencias que no concurrían las causas de anulación de los acuerdos que sostuvo el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, relacionadas con el trámite de información pública en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y que no se contravino ni la Directiva europea sobre evaluación de repercusión de proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, ni la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.