Los hechos que dieron lugar a la investigación del caso ahora archivado se remontan a 1993, cuando el Ayuntamiento deCangas puso en marcha un concurso de méritos entre agentes de la Policía Local para cubrir provisionalmente la plaza vacante de cabo. Sin embargo, el alcalde Chapela dictó un decreto por que nombró con carácter temporal a un agente, sin tener en cuenta la convocatoria.

La decisión del alcalde fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tras lo cual se celebró el concurso y resultó elegido aquel a quien Chapela había nombrado con carácter temporal. Este resultado también fue recurridorevisado ahora por el Supremo.

Por estos hechos, Chapela fue acusado por uno de los concursantes de prevaricación. Sin embargo, el Supremo considera que no se le puede acusar de tal al actual senador, dado que su primera actuación fue anulada y corregida por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, obligando al Ayuntamiento de Cangas a celebrar el concurso.

Además, el Alto Tribunal considera que el concurso se celebró conforme a la legalidad vigente, por lo que los hechos no son constitutivo de delito alguno y menos imputables al actual senador Chapela, razón por la que ordena el archivo de las diligencias.