Romero y otros miembros de IU denunciaron a la prensa en 1989 que el cabo de la Guardia Civil Manuel Rosa Recurda, promotor del clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil, había sido objeto de torturas.

Romero afirmó entonces que durante una visita efectuada al cabo Rosa junto con otros compañeros de la coalición vio con sus propios ojos los hematomas y el hueso dislocado de la mano del guardia civil, que entonces se encontraba preso.

Sin embargo, el Tribunal Militar Territorial Segundo dictó en enero de 1992 un auto en el que acordó sobreseer definitivamente las actuaciones por ser falsas las trturas y decidió remitir al Tribunal Supremo las declaraciones de Romero por si fueran constitutivas de un delito de falso testimonio.

En un auto hecho público hoy, del que fue ponente el magistrado José Manuel Martínez-Pereda, la sala indica que para que un aforado, como es el caso de Romero, incurra en un delito de falso testimonio es necesaria "una declaración consciente contraria a la verdad, requiriéndose que falta maliciosamente a la verdad al deponer en el juicio".

Afirma además que no puee reputarse la falsedad declaratoria porque los hematomas que Romero denunció que tenía el cabo Rosa, con independencia de su origen inacreditado, "fueron percibidos y las quejas del mismo y sus declaraciones no se tradujeron en una falsedad sustancial en el relato de los hechos, ni imputaron actuación alguna a terceros".

Por ello, estima que debe decretarse el sobreseimiento de las diligencias, dado que la única parte acusadora e imparcial en la causa, como es el ministerio fiscal, pidió el archivo d las actuaciones.