En un auto al que ha tenido acceso Servimedia, la Sala Segunda del Tribunal Supremo considera que "no se ha cometido delito alguno de falsedad y no hay responsabilidad penal del denunciado", Francisco Tomey.

El Alto Tribunal da así la razón al fiscal, que hace unas semanas solicitó el archivo del sumario. De esta manera, el Supremo se atiene a lo argumentado pr la Fiscalía para solicitar dicho archivo.

El "caso Tomey" surgió con una denuncia presentada por el diputado provincial del PSOE en Guadalajara Jesús Alique, tras apreciar éste presuntas irregularidades en las liquidaciones mensuales desde 1991 hasta 19995.

Según el diputado socialista, se habían incorporado a estos presupuestos, como pendientes de cobro, cantidades ficticias aportando documentación sobre tales extremos.

Sin embargo, la Fiscalía no lo veía así y solicitaba el archivo del "aso Tomey", tras conocer el informe pericial de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales sobre las liquidaciones mensuales de los Presupuestos Generales de la Diputación de Guadalajara desde 1991 a 1995.

La Fiscalía del Tribunal Supremo señaló, como confirmaba el informe pericial, que "la liquidación del presupuesto no es sino un fiel reflejo de la contabilidad de la Diputación, por lo que necesariamente tales cantidades pendientes de cobro tenían que consignarse en dicha lquidación, que no es sino un paso más para la aprobación definitiva del presupuesto, que corresponde al Pleno de la Diputación".

Por último, el fiscal aseguraba que la elaboración del presupuesto y su liquidación correspondía "exclusivamente" al interventor de la Diputación, José Villalgordo, ya fallecido, y añadía que no se ha podido probar que Villalgordo recibiera "órdenes o sugerencias por parte del señor Tomey" sobre las cantidades o conceptos que deberían aparecer en las cuentas de la Diputaciónde Guadalajara.