El Supremo señala que el citado acuerdo que la Comisión Disciplinaria del CGPJ adoptó contra el juez Navarro debe ser anulado "por haber sido dictado cuando ya se había producido la caducidad del procedimiento", es decir, porque el máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados superó el plazo de seis meses que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece para resolver los expedientes disciplinarios.

El artículo 425.6 de la LOPJ establece que "la duración del procedimiento sancionador no excederá de seis meses" y que cuando ese plazo se prolongue "por razones excepcionales", el instructor deberá dar cuenta del por qué de ese retraso, cosa que no ocurrió en este caso.

Fue en diciembre del año 2000 cuando Navarró publicó en el diario "Ardi Beltza" el artículo titulado "el honor de la independencia", en el que llamaba al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón "San Pinocho de Jaén", así como "mendaz, exhibicionista, frívolo, fisgón, chismorrero, vacuo, sayón, tosco, patrañero, bufónido, y anuro chipirón".

En el texto, arremetía también contra el entonces fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jímenez Villarejo, así como contra los magistrados del Tribunal Supremo Enrique Bacigalupo y Gregorio García Ancos. De éste último decía que "la biología lo condena al ostracismo, a la agrafia y a la cuerva de coñac de garrafón".

El 5 de abril de 2001, publicó un artículo en el diario La Razón, titulado "Una revista ejecutada", en la que se refería a la decisión del juez Baltasar Garzón de clausurar la citada revista "Ardi Beltza".

En este artículo, Joaquín Navarro llamaba a Garzón "cárabo pretoriano", decía también que el citado magistrado de la Audiencia Nacional actuaba "en promiscuidad con el fiscal y con la policía" y que su intervención "arremete contra la libertad".

DOS FALTAS GRAVES Y DOS LEVES

El CGPJ concluyó que el contenido de estos dos artículos suponían dos faltas graves de respeto y de consideración, así como dos leves de desconsieración. Por cada una de las dos primeras le impuso una multa de 300.000 pesetas (unos 1.800 euros), y por cada una de las otras dos últimas le castigó con el pago de 40.000 pesetas (unos 240 euros). No es la primera vez que el Tribunal Supremo revoca una sanción impuesta a Joaquín Navarro por el máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados.

De hecho, hace un par de meses, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló, aunque por otros motivos, dos sanciones de 1.803,04 euros cada una que el CGPJ impuso en abril de 2002 a Navarro por unas declaraciones que hizo en el diario "Gara" sobre el entonces presidente del Gobierno José María Aznar, y el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja.

A juicio del Supremo, lo que hizo Navarro fue exponer en los términos "más duros" y también "más rudos" la opinión que le merecían las manifestaciones que había realizado Aznar. En la entrevista, y a la pregunta: "Aznar justificó la nueva Ley del Menor diciendo que un terrorista es siempre un terrorista, aunque sea un menor. ¿Qué opina usted de esa aseveración?", Navarro respondió que "esa afirmación es propia de un terrorista". Además, en la entrevista, publicada el 23 de noviembre de 2000, manifestó, entre otras cosas, que Mayor Oreja actuaba en connivencia con el juez Baltasar Garzón. "Yo creo que existe entre ambos una unidad hipostática", dijo.

Sin embargo, el Supremo mantuvo la sanción de 300,51 euros que el CGPJ le impuso por las declaraciones que hizo, en esa misma entrevista, sobre el magistrado Baltasar Garzón. Navarro dijo que "es un juez que se lo inventa casi todo".