Según una sentencia hecha pública hoy, los hecho ocurrieron en una finca de Castilla-La Mancha sobre la que Botín tenía derechos de caza. En esos terrenos se colocaron, sin la autorización administrativa correspondiente, unos cepos para capturar conejos y que debieron ser retirados al alba, lo cual no se hizo y provocó la muerte de un águila imperial que cayó en uno de ellos.

Tras señalar que la muerte del águila imperial fue un accidente, el Supremo sostiene que de los hechos descritos sólo puede deducirse una infracción, consistente en "el uso decepos para conejos sin autorización".

El Supremo señala que los responsables de la infracción son los propietarios de la finca, quienes colocaron las trampas sin esperar a recibir la autorización que habían pedido para instalarlas, a fin de evitar daños en sus cultivos.

Por esta razón, el Supremo anula las sanciones que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha había impuesto a Botín por la colocación de dichos cepos para conejos.