Precisamente, el Alto Tribunal ha estimado el recurso presentado por las cámaras de comercio contra la orden ministerial del 14 de febrero de 1986, que regula la creación de esas tasas.

La sentencia declara la nulidad de la citada orden, pro no incluye en esta decisión a las tarifas giradas a armadores, consignatarios y receptores de las mercancías que, por tanto, siguen vigentes.

En cambio, sí que reconoce la devolución de los importes satisfechos por estos últimos conceptos a quienes en su momento los impugnaron. No obstante, el Consejo destaca que se ha sentado un importante precedente para las reclamaciones que en un futuro puedan llevar a cabo los usuarios de los servicios portuarios.

Las cámaras recuerdan que las tarifas poruarias aprobadas en 1986 subieron de forma excesiva, hasta un 600% en algunos casos. Este encarecimiento llegaba a repercutir en los costes de las operaciones de importación y exportación de productos y materias primas, según estos informantes.