Los 16 magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo -competente para pronunciarse sobre impugnaciones electorales- decidieron, tras tres días reunidos, anular las candidaturas presentadas por cada partido en las tres provincias vascas para los comicios autonómicos.

Entre las pruebas utilizadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para demostrar, como ha estimado el Alto Tribunal, que D3M es sucesora de Batasuna y está instrumentalizada por ETA, la más evidente es la que señala que de las 84 personas que componían las candidaturas y suplencias de la formación, 82 estaban "contaminadas", es decir, que habían formado parte en el pasado de otras formaciones ilegalizadas por su relación con ETA.

Con respecto a Askatasuna, cuyos candidaturas parecían en principio más "limpias" que las de D3M, se aportaron como pruebas numerosos informes elaborados por la Policía y la Guardia Civil, así como varias conversaciones intervenidas a presos etarras en las que estos asumían que la formación era un nuevo artificio de ETA para poder estar en las elecciones y en las instituciones.

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