Así consta en un fallo, en el que los magistrados de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resuelven el recurso presentado por Pilar Ramírez contrala decisión del Pleno CGPJ de expulsarla de la carrera judicial, por haber tramitado asuntos relacionados con su familia, en vez de abstenerse.

El pleno del CGPJ reunido el 26 de enero de 2000 decidió también suspender a Pilar Ramírez durante un año por no advertir al Poder Judicial de la incompatibilidad para ejercer en Marbella, algo a lo que estaba obligada al residir allí familiares suyos con intereses económicos en la zona y tratarse de una ciudad con menos de 100.000 habitantes. Esta sanción ha ido confirmada por el Alto Tribunal.

Los magistrados del Tribunal Supremo no dudan de que Ramírez cometió las faltas por las que el CGPJ la sancionó, si bien estima que el castigo de la expulsión fue "desproporcionado".

Para llegar a esta conclusión, los miembros de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo encargado del recurso presentado por Pilar Ramírez necesitaron reunirse seis veces: los días 12, 13 y 20 de marzo y 2, 9 y 16 de abril.

Así, los magistrados han decidido anuar la expulsión y sancionar a Pilar Ramírez, por no haberse abstenido, como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (CGPJ), con una suspensión de tres años.

Esto significa que Pilar Ramírez, que se encuentra suspendida desde el 29 de julio de 1999 (cuando fue apartada de forma provisional por el CGPJ) volverá a ejercer en el año 2003, cuando se cumplan los cuatro años de suspensión a que ha quedado reducido el castigo.

El caso de Pilar Ramírez tuvo una gran repercusión en los medios de comuncación, dado que estuvo relacionado con la tramitación del "caso Atlético" en Málaga, investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Fue precisamente este departamento el que la denunció ante el máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados, al acusarla de falta de imparcialidad, entre otras cosas.

Las actuaciones del CGPJ contra Pilar Ramírez se iniciaron a petición del fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, quien presentó una denuncia en la que relacionaba a la familia de la juezcon el alcalde de Marbella, Jesús Gil, y a éste con la mafia italiana.

Esta denuncia de Jiménez Villarejo, quien acusaba a la juez Ramírez de falta de imparcialidad y de enemistad manifiesta, fue presentada después de que la magistrada dictase una resolución afirmando que el juez instructor del "caso Gil", Santiago Torres, había incumplido las normas de reparto de las causas judiciales.

Con esa resolución, la juez decana dio la razón a Jesús Gil, para quien Santiago Torres y el fiscal Anticorrupcón del caso, Carlos Castresana, habían diseñado una "actuación combinada" para investigar la causa, en lugar de enviarla a reparto, como correspondía.