La magistrada Blanca Gesto Alonso, que dictó la sentencia recurrida junto a José Francisco Cobo Sáenz y Juan Manuel Fernández Martínez, no asistió a la vista del juicio oral, por lo que, según el Alto Tribunal, no se está respetando "el derecho a la jurisdicción, la primera manifestación de la tutela judicial efectiva".

El imputado había sido condenado a tres años de risión tras ser hallado en posesión, el 29 de diciembre de 1997, de un número no precisado de "cócteles molotov".

Los magistrados del Supremo consideran que "quien no ha presenciado el juicio oral y dicta sentencia, incurre en un total apartamiento de las normas esenciales del proceso penal en cuanto al principio de inmediación judicial, que conlleva el de oralidad, contradicción y audiencia, y es llano que en esta situación se produce una grave indefención para el condenado".