El Alto Tribunal señala que la operación de unión entre ambas "no modificó la titularidad delas concesiones ya otorgadas para la explotación de servicios de radiodifusión sonora, ni una misma persona pasó a ser partícipe mayoritario en más de una sociedad concesionaria".

No obstante, los magistrados consideran que "desde el estado de cosas que se pretende evitar, sí se produjo una situación en el funcionamiento real del mercado análoga o similar" a la definida en la letra 1.e) de la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Ordenación de Telecomunicaciones.

Dicho apartado establece que "na persona física o jurídica no podrá participar mayoritariamente en más de una sociedad concesionaria cuando exploten servicios de radiodifusión sonora que coincidan sustancialmente en su ámbito de cobertura".

Para el Supremo, el acuerdo del Consejo de Ministros "no lesiona de modo real y cierto el contenido esencial de los derechos y libertades (de opinión y de información) suscpetibles de amparo constitucional, sino una norma jurídica pensada para evitar el riesgo de que aquella lesión llegue a proucirse".

El Alto Tribunal añade que "así como en otros ámbitos los principios del sistema económico no exigen necesariamente una pluralidad de operadores [...] en el caso que nos ocupa, la restricción de su número acarrea el riesgo de menoscabar el pluralismo político y, con ello, la base misma del Estado democrático".