La jefa del Ejecutivo autonómico agregó que, además de causar un daño irreparable a 140 familias, el traslado de la CMT complicará el funcionamiento de todas las empresas del sector, añadirá costes innecesarios y exigirá ampliaciones artificiales de plantillas a las empresas.

Se preguntó igualmente por qué el Gobierno central pretende trasladar la sede de la CMT a Barcelona cuando en Madrid se encuentran el 90% de los operadores de telecomunicaciones, y concluyó que "es sencillamente un nuevo peaje al tripartito catalán, que nos cuesta muy caro a todos los españoles y daña a los madrileños".