Esta Sala Especial del Supremo, revista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y compuesta por un total de 16 magistrados (el presidente del Alto Tribunal, los de sus cinco salas y los jueces más antiguo y más moderno de cada una de ellas), tomó esta decisión tras haber mantenido una reunión que comenzó a las 10,15 de la mañana y finalizó en torno a las 13,30 horas.

Ahora, los abogados de Batasuna encargados de este caso, Iñigo Iruín y Adolfo Araiz, tendrán un plazo de 20 días para documentarse de las demandas presetadas contra la coalición "abertzale" y alegar lo que consideren oportuno en su defensa.

La Fiscalía General del Estado presentó la demanda contra la coalición, alegando, entre otras cosas, que nunca ha expulsado ni expedientado a nadie de sus filas por no haber condenado el terrorismo.

El artículo 9.3c de la Ley de Partidos señala como supuesto de ilegalización "mantener un amplio número de sus afiliados doble militancia en organizaciones o entidades vinculadas con un grupo terrorista o violento salvo que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión".

Además, establece como motivo de ilegalización de un partido "incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas".

La demanda presentada por la Fiscalía General del Estado incluye, además de vídeos que registran hechos presuntamente delictivos de la coalición "abertale", un listado de cargos electos, militantes y dirigentes de Batasuna condenados por terrorismo y que están en sus filas.

El partido de Otegi también deberá rebatir ante el Supremo datos como los contenidos en la demanda que presentó el Gobierno, y que incluía, según explicó en su momento el ministro de Justicia, José María Michavila, más de 1.000 elementos probatorios que, a su juicio, demuestran las conexiones de Batasuna con ETA.