Según un auto publicado hoy, la sala que preside el magistrado Enrique Ruiz Vadillo nombra juez instructor del caso a Marino Barbero Santos, que deberá investigar la relación de ambos políticos socialistas con las empresas Filesa, Malesa y Time Export, vinculadas a la presunta financiación ilegal del PSOE.

Asimismo, el Tribunal Supremo ha decidido dejar sin efecto la petición de suplicatorio hecha al Congreso y el Senado el pasado 8 de octubre para prceder legalmente contra Navarro y Sala.

Dicho auto fue recurrido por el ministerio fiscal, por entender que la admisión formal de la querella era una cuestión previa a cualquier otra decisión adoptada por la sala y que, por tanto, resultaba improcedente dirigir un suplicatorio a las cámaras antes de determinar si los hechos en los que se fundamenta la querella son constitutivos de delito.

El auto emitido hoy por el Tribunal Supremo subraya que la admisión de la querella no implica sin embargo "laexistencia de posibles delitos, la certeza de los hechos ni la participación de los inculpados".

Los dos únicos motivos por los que una querella puede ser inadmitida es cuando el órgano judicial ante el que se presenta es incompetente para tramitarla o cuando los hechos que se denuncian no constituyen delito.

REACCIONES EN EL CONGRESO

Las reacciones en el Congreso de los Diputados ante la decisión adoptada por el Tribunal Supremo no se hicieron esperar. Los grupos de la oposición acogieron de frma desigual la resolución.

Mientras PP y CDS consideraron improcedente valorar un acuerdo judicial, Izquierda Unida reclamó al Alto Tribunal un razonamiento más detallado de esta iniciativa.

El portavoz de IU Antonio Romero dijo que si el Supremo no ofrece una explicación sobre la revocación del suplicatorio "se quebrará la confianza de los ciudadanos en la Justicia".

Romero recordó que su coalición siempre ha sido partidaria de conceder el suplicatorio de los diputados, aunque la petición o se refiera a su condición de parlamentario.

"No pueden existir privilegios en una sociedad democrática y en un Estado de derecho. Todo el mundo tiene que responder de sus actuaciones ante el Poder Judicial", afirmó.

En su opinión, es necesario "seguir tirando del ovillo para prestigiar la democracia", aunque el Supremo entienda que no existen indicios de delito en la presunta relación de Carlos Navarro y Josep María Sala con las empresas citadas.

El portavoz del PP, Rodrigo Rato, consideróque las decisiones judiciales son independientes del poder político. "El PP", dijo, "no quiere darle ningún carácter político a decisiones judiciales".

Carlos Revilla, representante del CDS, dijo que no cabe entrar en la decisión del Tribunal Supremo y agregó que "quien crea conveniente abrir otra vía judicial (para encausar a los parlamentarios socialistas) podrá hacerlo cuando quiera".