La sentencia, hecha pública hoy, remarca que a los procesados se les había negado el uso de la palabra en un acto parlamentario por lo que su decisión de entonar el canto "en manera alguna es interpretable como despreciativa a la persona real", sino que más bien puede expresarse como "manifestación de aprecio institucional, al estimar a Su Majestad como interlocutor válido y eficaz para satisfacer sus reivindicaciones".

Aunque el tribunal subraya que los medios utilizados por los procesados fueron "inusuales y llamativos", incluso "descorteses", entiende que este comportamiento se produjo en el ejercicio de un derecho fundametal, como el de la libertad de expresión, "que debe alcanzar sus cotas máximas cuando se trata de representantes, aunque sean minoritarios, del pueblo en virtud de elección democrática".

Para la Sala, el ordenamiento constitucional establece que este derecho "debe primar en cualquier caso por el principio de pluralidad política" y destaca además que el mismo Rey, en los inicios de su mandato, ya expresó su voluntad no sólo de ser el monarca de todos los españoles, "sino también el de que ninguna voz sría desoída por él".

El tribunal tampoco contempla la existencia de un delito de desórdenes públicos puesto que los diputados son "protagonistas" y "partícipes" de los actos parlamentarios y su intención no fue la de alterar la libertad pública, sino "manifestar un estado de insatisfacción pública de un sector de los ciudadanos", al haberles sido vedado "la vía normal" para ejercitar la libre expresión.

Condenar penalmente a los parlamentarios por este motivo, después de haber sido expulsados de a sala en aplicación del reglamento interno de la institución "resultaría establecer un plus, alejado de las exigencias del principio de legalidad".

El fiscal pidió penas de 3 y 5 meses de arresto mayor por un delito de injurias hacia el jefe del Estado en el juicio que se celebró la pasada semana en el alto tribunal, al que asistieron como testigos el ex "lehendakari" Carlos Garaicoetxea, y el ex presidente del parlamento vasco, Juan José Pujana.

Los implicados ya habían sido juzgados por estos echos en 1983 y condenados, pero el Tribunal Constitucional declaró nula la sentencia por defecto de forma y ordenó que se repitiera la vista.