El Tribunal Supremo declara la apertura del juicio oral a causa de la presunta concesión irregular de subvenciones a empresas mineras durante los años 1987 y 1988, cuando José María Aznar era presidente de la Junta de Castilla y León, y Pérez Villar responsable de Economía.

El auto fija una fianza de 50 millones de pesetas para Pérez Villar y otra de la misma cantidad para el entonces director general de Economía, Javier Valenzuela, así como de 20 millones más para la esposa del senador, Mría Rosario Carballo, que dirigía en aquella época el despacho de abogados que asesoraba a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por su marido.

El Supremo afirma en sus razonamientos jurídicos que "procede tener a la Comunidad Autónoma de Castilla y León por responsable civil subsidiario en la insolvencia de los acusados, en razón a la condición de funcionarios públicos".

El ministerio fiscal pide para Pérez Villar y Valenzuela sendas penas de 9 años de inhabilitación especial, mientra la acusación particular aumenta hasta 24 años la petición para el senador y a 10 para el ex director de Economía. Los acusados tiene 5 días para formular sus escritos de defensa.

El auto ha provocado diversas reacciones en la comunidad. Así, el secretario regional del PSOE en Castilla y León, Jesús Quijano, exigió hoy explicaciones a José María Aznar por la actuación del que fuera su consejero de Economía durante su presidencia de esta región.

Por su parte, el presidente de castellano-leonés, Jun José Lucas, ha manifestado su esperanza de que "el tema se resuelva cuanto antes y para bien" y añadió que "la Junta, cuando conozca el proceso, tratará de manifestarse".