En un auto hecho público hoy, el Supremo impone además al diputado del PP una fianza por responsabilidad civil de cuatro millones de pesetas para poder cubrir las responsabilidades pecuniarias que se deriven de la investigación.

El diputado del PP por Toledo está acusado de quedarse con una cantidad de dinero (aún por determinar) en el cobro de una póliza de seguro devida, caso en el que ejercía como abogado de la viuda e hijos del fallecido.

La familia de la víctima le reclama unos ocho millones de pesetas, mientras que él alega que el dinero (algo menos de dos millones) está ingresado en una cuenta bancaria a disposición de los demandantes.

El fiscal del caso pide una inhabilitación especial de un año de duración para que este diputado del PP no ejerza sus labores de abogado.