La Sala de Gobierno, reunida en sesión ordinaria, “recuerda que el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes”.

Afirma, además, que el ejercicio de la función jurisdiccional “se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley”.

Y enfatiza la necesidad de “preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones”, al tiempo que “ee incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado”.