Los hechos que son investigados se remontan a 1997, cuando en su condición de presidenta de la Asamblea de MeLilla, Caro impidió, en aplicación de un decreto, el derecho a voto del parlamentario tránsfuga del PP Enrique Palacios en una moción de censura que se había interpuesto contra el entonces presidente de la ciudad autónoma Ignacio Velázquez, del PP.

Caro alegó que Velázquez tenía intereses personales en dicha moción. No obstante, el Tribuna Superior de Justicia de Andalucía, competente en la materia, no lo entendió del mismo modo y ordenó la repetición del pleno, en el que salió adelante la mencionada moción y el relevo de Palacios por Velázquez en la presidencia del gobierno melillense.

Por su parte, el portavoz socialista en la Comisión de Suplicatorios, Pedro Ardáiz, valoró la unanimidad de la votación en la continuación del trámite de suplicatorio, así como la actitud predispuesta de la senadora afectada a que se investiguen los hecos hasta el final.

No obstante, en decaraciones a Servimedia, aprovechó para recriminar la posición mantenida por el Grupo Popular en los casos de suplicatorios que han afectado a senadores socialistas, "que era la de darle la mayor cuerda posible y agotar los plazos para que estuviera en los medios de comunicación el mayor tiempo posible".

En este sentido, enjuició que "nos parece que los ciudadanos tienen que conocer las cosas que se hacen pero tampoco hay que estar sometiendo a un senador o a ualquier persona a una espera innecesaria".