En un auto hecho público hoy, los magistrados argumentan que tales delitos, castigados en Estados Unidos con un máximo de 10 años de cárcel, "no dan lugar en España a una responsabilidad grave" y recuerdan que Volkswagen y General Motors llegaron en su día a un acuerdo para resolver el problema suscitado con la marcha de Arriortúa de una compañía a otra.

Según la acusación formulada en Estados Unidos, López de Arriortúa se hizo, presuntamente, con documentos confidenciales de Generl Motors, compañía que abandonó en 1992, cuando era su vicepresidente, y la entregó a sus nuevos jefes en Volkswagen.

En su día, Volkswagen y General Motors llegaron a un acuerdo por el que la primera pagó a la segunda un total de 17.300 millones de pesetas. Además, la compañía alemana se comprometió a comprar material a la entidad norteamericana por valor de 173.000 millones de pesetas.

Además, los magistrados tienen en cuenta la tesis mantenida por la defensa de Arriortúa, según la cual el ejectivo no está en condiciones de ser extraditado y de comparecer ante un tribunal, debido a las secuelas físicas y psíquicas que tiene, como pérdida de memoria, a causa de un accidente de tráfico que sufrió en 1998.

"En el presente caso, el reclamado sufrió un accidente de tráfico en el año 1998, a consecuencia del cual toavía padece secuelas graves que exigen tratamiento médico y le incapacitan absolutamente para cualquier actividad laboral, de tal modo que en la actualidad se encuentra retirado de cuaquier cargo directivo o responsabilidad empresarial", añaden los magistrados.

Otro de los argumentos empleados por los magistrados para denegar la extradición consiste en el tiempo que han tardado las autoridades estadounidenses para pedir la extradición de López Arriortúa, siete años, "cuando el plazo de prescripción del delito en el que se basa la reclamación es tan sólo de cinco años".

"Esta circunstancia", dicen los magistrados, "resulta concluyente para afirmar que en el momento actual los fnes preventivos vinculados a la persecución penal (de los delitos por los que se reclama a López Arriortúa) se encuentran sumamente debilitados".

RECURSO DE SUPLICA

La decisión de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no es firme y puede ser recurrida en súplica, en este caso, por el departamento de Eduardo Fungairiño, quien ha mantenido que hay fundamentos suficientes para dar luz verde a la extradición.

En su opinión, en este caso se dan los tres requisitos fundametales para acceder a la entrega de López Arriortúa. El primero de ellos consiste en la doble incriminación, ya que los delitos por los que está acusado el ejecutivo vasco (fraude y transporte interestatal de propiedad sustraída) equivalen en España a la apropiación indebida y a la revelación de secretos de empresa.

Otro de los requisitos que permiten dar un informe favorable a la extradición, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, consiste en que el máximo de las penas con que se castigan los deltos que se imputan a López Arriortúa superan el año de prisión.

Por último, según el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, los delitos por los que López Arriortúa es reclamado por los tribunales estadounidenses no han prescrito.

ACUSACION

Los Estados Unidos acusan al ejecutivo español de haber robado presuntamente documentos confidenciales de General Motors, compañía que abandonó en 1992, cuando era su vicepresidente, y haber entregado dicha información a sus nuevos jefes en Volkswaen.

La documentación presuntamente sustraída por López Arriortúa hacía referencia a plantas de fabricación, planes de nuevos modelos de coches y listados secretos de precios a proveedores, así como al denominado "Plan X", relativo a un proyecto de diseño, financiación y construcción de automóviles de alta tecnología.

Según la acusación, el Ejecutivo participó en varias reuniones de "alto nivel" sobre planes estratégicos a largo plazo y sobre la situación financiera de GM/Opel, filial de General Mtor en la que trabajaba como ingeniero y de la que fue nombrado director ejecutivo del Departamento de Compras en Alemania a partir de 1987.

El relato de la acusación indica que, si bien López Arriortúa tenía la "obligación de guardar secreto" sobre dichas reuniones, el ejecutivo se hizo con información confidencial guardada en el banco de datos de GM/Opel y la ofreció, con otro nombre, a sus superiores en Volkswagen, empresa en la que comenzó a trabajar el 15 de marzo de 1993, tras haber negociado ensecreto con la empresa alemana su empleo y el de otro empleados de la filial de General Motors.

Tras conseguir sus objetivos, López Arriortúa destruyó los documentos que había sustraído a General Motors con la ayuda de otra persona, produciendo a la multinacional norteamericana un perjuicio de varios cientos de millones de pesetas, según la acusación.

Los tribunales estadounidenses imputan a López Arriortúa un total de seis cargos, cada uno de los cuales está penado con un máximo de 10 años de prsión y multa de 1,7 millones de pesetas.