El SUP hizo esta consideración a través de un comunicado, en el que valora el hecho de que la banda etarra pueda dar por roto el alto el fuego de marzo y vuelva a cometer atentados, algo sobre lo que están especulando diversos medios informativos.

A este respecto, este sindicato policial argumenta que no sería aceptable "la modificación previa de la política penitenciaria como condición para el abandono de las armas" por parte de la banda terrorista.

Al mismo tiempo, el SUP señaló que "ETA no puede conseguir, dejando de matar, lo que no ha conseguido tras más de ochocientos asesinatos", por lo que "el Gobierno de España no puede aceptar, en ningún caso, bajo ninguna amenaza, ningún tipo de negociación política" con la banda criminal.

En esta línea, este sindicato indicó que tampoco es aceptable "la modificación previa de la política penitenciaria como condición para el abandono de las armas", ya que ésta es una de las cuestiones que, como la unidad de España, ni "deben ni pueden negociarse".

Según el SUP, "los presos de ETA deben tener el tratamiento que corresponde a miembros de una banda terrorista, mientras ésta exista, y el de presos comunes cuando deje de serlo. Negociar su salida anticipada de prisión sería una falta de respeto a las víctimas y al dolor de sus familias".