Esta normativa, que previsiblemente entrará en el Parlamento en los primeros meses del nuevo período legislativo, regulará la prestación por particulares de servicios de seguridad, que tendrán la consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto a la seguridad pública. En opinión del sindicato policial, este anteproyecto no deja lo suficientemente claro el acceso de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía a la información de los libros de registro.

Otra de las preocupaciones de los sindicalistas del SUP, mayoritario en la policía, es cómo y en qué condiciones van a portar armas los vigilantes de seguridad, cuestiones que "el primer borrador no especifica".

Efectivamente, el capítulo III, sección primera, del citado anteproyecto señala que "reglamentarimente se determinarán los supuestos en que se puede dotar con armas de fuego a los Vigilantes Jurados de Seguridad, previo otorgamiento de las correspondientes autorizaciones, para el ejercicio de las indicadas funciones en los supuestos que reglamentariamente se determinen".

Estos y otros apartados sobre la regulación de la seguridad privada serán analizados esta misma semana por el Comité Ejecutivo Nacional del SUP, que ha sido convocado de forma extraordinaria por su secretario general, Juan GarcíaGámez.

"Este es un tema que nos preocupa", indicaron las citadas fuentes, "ya que el sector mueve muchísismos miles de millones de pesetas y puede constituirse en un ejército".