Según el portavoz del SUP en esta región, Eusebio Campos, la DGP no se está haciendo cargo últimamente de la responsabilidad civil por daños a terceros, ya que los vehículos no se hallan asegurados, por lo que los jueces reclaman las indemnizaciones a los agentes, reteniéndoles incluso las nóminas de los conductores que tienen accidentes.

Según Campos, antes se utilizaban los fondos reservaos, de los que salía el dinero para efectuar los pagos a las personas o vehículos afectados, pero en la nueva etapa del Ministerio del Interior ha quedado cortada esa vía.

El SUP cita el caso de un agente de Segovia a quien el juez viene reclamando una elevada indemnización que, de no hacer efectiva, le supondría el embargo de sus bienes.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, el inspector de servicio, Segundo Martínez, afirmó que hay un seguro que cubre estas situaciones, salv que el juez determine que existe responsabilidad penal del conductor por imprudencia.