Estos datos están contenidos en el Observatorio de la Seguridad Pública que elabora el sindicato periódicamente a través del Instituto de Estudios de Seguridad y Policía.

Según esa publicación, el incremento de la criminalidad desde que el PP asumió el Gobierno, en 1996, es del 28 por ciento. El SUP entiende que estas cifras suponen un "salto cuantitativo y cualitativo importante", sólo mitigado por el ligero descenso de la criminalidad (-1,4 por ciento) en 2003 y al aumento de la población el pasado año.

El crecimiento en el número de habitantes ha "permitido reducir la presión sobre la tasa de criminalidad" hasta las 50 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, aunque sta cifra se encuentra aún 4 puntos por encima de la que estaba registrada al iniciarse la legislatura.

Según el SUP, las infracciones contra el patrimonio aumentaron un 13,5 por ciento, sobre todo por el incremento en un 24,7 por ciento de las infracciones tipificadas como faltas contra la propiedad.

Pese a ello, el informe destaca que los robos con violencia o intimidación contra las personas desciende un 7 por ciento y las sustracciones de vehículos los hace un 5,3 por ciento.

En cuanto alos delitos y faltas contras las personas, aumentaron, siempre según este informe, en un 21,3 por ciento. En este capítulo destaca especialmente el crecimiento en un 31,6 por ciento, de manera que la tasa de homicidios se sitúan en el 3,7 por cada 100.000 habitantes, la más alta de la Unión Europea, frente a los 2,9 de comienzos de la legislatura.

En materia de delitos contra la libertad sexual, el SUP estima que crecieron un 6,8 por ciento, aunque las agresiones sexuales con penetración se incrementaon de manera fortísima a lo largo de estos cuatro años (33,9 por ciento).

Además, la criminalidad violenta, que comprende robos con violencia o intimidación, infracciones contra las personas y delitos contra la libertad sexual, que en conjunto representan el 16 por ciento de los actos criminales, aumentó un 11,7 por cien, en esta legislatura, situándose en las 812 infracciones por cada 100.000 habitantes, frente a las 765 que se registraban a finales de 1999.