Ábalos habría tenido conocimiento de esta investigación en noviembre de 2023 porque en ese momento el empresario Juan Carlos Cueto, responsable en la sombra de la empresa adjudicataria, habría manifestado a Koldo su inquietud al sentirse investigado y le habría pedido al exasesor que recabara la mediación del exministro.

El objetivo de esa mediación sería lograr que la reclamación del Gobierno de Baleares por el envío de mascarillas defectuosas por valor de 2,6 millones de euros no desembocara en una devolución del dinero facturado. Los investigadores no explican si esa mediación se llegó a producir.

Cueto, consciente de que, además, su empresa estaría siendo investigada por Hacienda, intentó que Koldo García pidiera la intercesión de Ábalos para evitar ser descubierto. En ese sentido, el sumario asegura que “Koldo estaría llevando a cabo sus gestiones para que la reclamación de Baleares no prosperase a través de dos personas distintas. La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por esta unidad ha permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo”.

Los investigadores explican también la implicación de un hermano de Koldo, Joseba, que habría sido el encargado de “entregar” ciertos “papeles” a Ábalos que dejó en una “furgoneta” de la que recogió la documentación para dirigirse en otro vehículo al domicilio del exministro, donde entró con documentos y salió sin ellos, según las fotografías tomadas por la Guardia Civil e incluidas en el sumario.

Gracias a la intervención de los teléfonos de los implicados, la UCO tuvo conocimiento de las llamadas de Cueto a Koldo para que pidiera ayuda a Ábalos. Tras esas conversaciones, Koldo se reunió en el reservado de la marisquería 'La Chalana' con el exministro en un encuentro que duró poco más de una hora, de cuyo contenido no hay referencia en el sumario.

Fue en 2021 cuando Hacienda y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) comenzaron a investigar los movimientos del dinero relacionado con los miembros de la trama. Esta es la investigación que acabó desembocando en la causa penal que ahora se dirime en la Audiencia Nacional.

Entre 2020 y 2022 el incremento de patrimonio de Koldo García y distintos miembros de su familia “no se corresponde con los ingresos procedentes de sus actividades oficiales”, tal como recoge el sumario al analizar “los movimientos de las cuentas bancarias, del análisis de la información laboral y tributaria obtenida de los requerimientos efectuados por la Fiscalía a la TGSS y a la AEAT".

En ese período, tanto García como su esposa, Patricia Úriz, y su hija menor de edad pasaron “a ser titulares de bienes muebles e inmuebles, cuyo valor podría alcanzar la cifra 1,5 millones de euros. Estas adquisiciones se producen apenas cinco meses más tarde de que tuvieran lugar las adjudicaciones públicas a Soluciones de Gestión", indica la Guardia Civil. En esos años, la familia redujo significativamente las “disposiciones de dinero en efectivo lo que denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido”, que les permitía hacer pagos en metálico, más difíciles de rastrear.

"También se observa un incremento sustancial de sus aportaciones a hipotecas y préstamos a partir de diciembre de 2020, aportaciones ligadas a la adquisición de inmuebles en la localidad de Benidorm. Uno de estos inmuebles se adquiere a nombre de su hija menor por un importe de 115.000 euros sin constituir hipoteca, 11.500 euros se abonan en metálico y no se encuentra disposición en efectivo que lo justifique, y el resto con cuatro cheques a favor de los vendedores haciendo uso para ello de los fondos de una cuenta bancaria a nombre de la hija menor donde se habían ingresado dos días antes de la compraventa, mediante nueve traspasos, hasta elevar el saldo de la misma a 110.023,35 euros (dos supuestos préstamos, uno de ellos a través de Joseba García -hermano de Koldo-; traspasos ordenados desde cuentas de Joseba García; fondos aportados por Koldo y Patricia entre los que se encuentra una donación de 90.000 euros en efectivo y de la que no se ha encontrado movimiento bancario alguno)", sigue detallando la investigación.

Hacienda estaba investigando el llamado ‘caso Delorme’ en el que estarían implicados los protagonistas de estas contrataciones de material sanitario. Es el caso del empresario Víctor Gonzalo de Aldama, que tiene “abierta en la ONIF por las plusvalías obtenidas por medio de las empresas MTM 180 Capital SL y Deluxe Fortune SL por intermediar en la adjudicación de los contratos denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción”.

Los indicios obtenidos por los investigadores indican que Aldama fue quien se enteró de la existencia de los contratos de emergencia para la compra de mascarillas durante lo más crudo de la pandemia, y quien “contactó” con el empresario que tenía la logística para hacer frente a los contratos y que conocía a Koldo García y su papel como hombre de confianza del entonces ministro de Transportes.

El empresario compareció ante el juez el pasado día 22 y se acogió a su derecho a no declarar. Por su parte, Cueto declaró esta semana, respondiendo únicamente a las preguntas de su abogado. Negó haber cobrado comisiones ilegales y defendió su actuación en la adjudicación de contratos públicos.