Lo desveló este lunes en rueda de prensa el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quien explicó que este reconocimiento unilateral y sin esperar a una imposible posición unánime de la UE es una demanda en la que su formación lleva “insistiendo desde el principio” de las negociaciones con el PSOE, mucho antes de la actual escalada de violencia en la zona.

Fuentes de Sumar apuntaron que los socialistas vienen tachando o borrando este reconocimiento del Estado palestino cada vez que en el tráfico de documentos les devuelven corregido o matizado el documento de propuestas que trasladan al PSOE. No obstante, confían en que cambien su posición una vez que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha mostrado favorable al reconocimiento del Estado palestino.

Eso sí, no saben si, como hasta ahora los distintos gobiernos de España, querrán condicionarlo a que la UE adopte una posición unánime, que con países como Hungría y Polonia nunca será de reconocer dicho Estado, cosa que sí han hecho otros como Suecia y Grecia. "Se ha esperado a un posicionamiento común de la Unión Europea, pero ha llegado el momento de que España reconozca al Estado palestino de una forma unilateral", reclamó Urtasun.

El portavoz, hablando de la UE, lamentó el viaje de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen a Israel, donde "parecía que le estuvieran dando carta blanca" sin "ninguna exigencia" y apartándose de la posición de los 27 estados miembros. Una posición que él definió como "un mínimo común denominador" que a Sumer le "parece insuficiente", porque "debería ser mucho más valiente" e implicarse "mucho más en la paz". Según denunció, la UE "ha mirado para otro lado" y ha dejado que el conflicto "se pudriera", y ahora "no puede hacer esos comunicados tan tibios".

Además, el grupo parlamentario de Sumar, según expuso en la misma rueda su portavoz, Marta Lois, ha remitido al resto de grupos en el Congreso de los Diputados una propuesta de declaración institucional y ha registrado una proposición no de ley para debatir en la Comisión de Asuntos Exteriores, que, entre otras cosas, piden que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de guerra cometidos tanto por Israel como Hamás en el conflicto, y que reanuden las negociaciones para establecer una solución de dos estados como ha reclamado repetidamente Naciones Unidas, así como suspender el Acuerdo de Asociación UE-Israel y la venta de armas a ese país. No incluyen el reconocimiento del Estado palestino porque el Congreso ya lo pidió en 2014.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

La declaración institucional, que para que el Congreso la adopte como institución requiere la unanimidad de los grupos parlamentarios, contempla "la condena de los ataques de terror contra población civil cometidos por Hamás y de los crímenes contra población civil cometidos por Israel" y "la exigencia del cumplimiento estricto de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, tanto por parte del Estado de Israel como de Hamás".

Además, manifiesta su "solidaridad y empatía con todas las víctimas y sus familiares, con independencia de su procedencia, y el reconocimiento del igual valor de toda vida humana", y realiza un "llamamiento a un alto el fuego entre las partes que permita, con la

mediación de Naciones Unidas, la liberación de rehenes y prisioneros; así como el cese inmediato del asedio y bombardeo del Estado de Israel contra población civil gazatí, contrarios al derecho internacional humanitario".

En este sentido, el Congreso, en caso de aprobar esta declaración, haría una "exigencia al Estado de Israel que cese su castigo colectivo contra la Franja de Gaza" y denunciaría "las acciones de Israel como los bombardeos sobre la población civil o el corte de luz, agua y alimentos a la Franja, crímenes de guerra que deben ser denunciados por la comunidad internacional".

Igualmente, realizaría "la petición a la comunidad internacional y a la UE de priorizar la protección de la población civil, e instar a la apertura de corredores humanitarios, así como permitir la entrada de ayuda humanitaria y equipos de emergencia, asegurando y garantizando la actuación de Unrwa, con financiación suficiente, en los territorios palestinos ocupados" y expresaría "la voluntad de solicitar la intervención del Fiscal de la Corte Penal Internacional para que, con la contribución de los relatores especializados de derechos humanos de Naciones Unidas, amplíe la investigación en curso sobre las potenciales violaciones habidas por todas las partes en el actual conflicto de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

Sobre el fondo de la cuestión, Sumar intentará que el Congreso exprese "la voluntad de alentar el reinicio de las negociaciones entre el Estado de Israel y el Estado de Palestina, bajo patrocinio de Naciones Unidas y con las debidas garantías internacionales, para la solución de los dos estados, que permita convivir a israelíes y palestinos en sus respectivos estados viables, con capital en Jerusalén, en las fronteras de 1967, con los intercambios de territorio necesarios negociados, con seguridad y el retorno de los refugiados, de acuerdo con la Declaración de Principios (Acuerdos de Oslo) y las resoluciones 242 y 338 de Naciones Unidas.

Finalmente, la declaración institucional expresa, en el mismo sentido, "la defensa del cumplimiento por parte de Israel de las resoluciones de Naciones Unidas relativas al bloqueo y ocupación" y "el apoyo a la presencia del contingente y los mandos españoles en Finul, de acuerdo con el mandato del Consejo de Seguridad".

PNL

Por lo que respecta a la proposición no de ley, en caso de ser aprobada el Congreso instaría al Gobierno a "condenar, de forma inequívoca, los actos de terror y ataques contra población civil de Hamás y el Estado de Israel; y expresar solidaridad con todas las víctimas civiles, con independencia de su procedencia, que deben tener la misma consideración y respeto"; a "exigir el cese inmediato de los bombardeos sobre la Franja de Gaza que han terminado con la vida de civiles, entre ellos cientos de niños y niñas" y "un alto al fuego inmediato, un intercambio de prisioneros y rehenes supervisado por Naciones Unidas, además de un llamamiento a respetar sus obligaciones jurídicas en virtud del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos".

También exigiría "la apertura de corredores humanitarios que permitan socorrer y asistir a la población civil en peligro, así como el acceso de la ayuda humanitaria, que debe ser aumentada de manera urgente"; "el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, la retirada de los territorios ocupados, el desmantelamiento del muro y el fin de la expansión de los asentamientos ilegales de Israel, acelerados por el ejecutivo de Benjamin Netanyahu, así como el cese de la violencia en Jerusalén y Cisjordania", y "que la Unión Europea y nuestro país formen parte de la solución al conflicto, , redoblando sus esfuerzos para que Israel cumpla con sus obligaciones ante el sistema internacional y los Acuerdos de Oslo, y avanzando hacia el reconocimiento efectivo e integral del Estado palestino, teniendo siempre en consideración la voluntad de la sociedad civil palestina".

Además, la PNL insta a "solicitar a la Unión Europea la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, a la luz de las violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario y de derechos humanos de su Gobierno; la revisión de los fondos que Israel recibe del Instrumento Europeo de Vecindad u otros programas europeos, para garantizar que no se destinan a la política de asentamientos ilegales o políticas de seguridad que vulneran los derechos humanos", y "la suspensión de la venta de armas a Israel, en estricto cumplimiento de la normativa internacional".

Por último, Sumar promueve que el Congreso inste al Ejecutivo a "apoyar los procesos de rendición de cuentas internacionales, incluyendo los nuevos que se deriven y los ya existentes ante la Corte Penal Internacional" y "condenar cualquier forma de discriminación, islamofobia, antisemitismo o cualquier otra declaración utilizada para deshumanizar a las personas, atacar a población civil o justificar destrucciones masivas y castigos colectivos".