El pasado lunes, la Delegación del Gobierno en Extremadura abrió expedientes a un grupo de 13 guardias civiles del puesto fronterizo de Caya por su puestas faltas graves al régimen disciplinario del Cuerpo, por dirigrse a sus casa a pie desde la aduana, en protesta por carecer de un transporte colectivo que les trasladase hasta sus puestos de trabajo y tener que realizar el trayecto de 7 kilómetros en sus coches particulares.

Los agentes fueron expedientados por infringir las normas de seguridad al caminar en grupo sin guardar la distancia correspondiente, por dañar la imagen del cuerpo al no ir convenientemente uniformados, así como por efectuar la reclamación de forma colectiva, motivo éste por el que fueron sacionados posteriormente otros diez agentes.

En declaraciones a Servimedia, el presidente del SUGC, Joaquín Parra, mostró su oposición a esas medidas sancionadoras, ya que, a su juicio, el trasladarse a pie no debería ser motivo de sanción.

Agregó que, en lugar de las medidas disciplinarias que fueron abiertas contra los agentes de la Benemérita, la Dirección General de la Guardia Civil debería establecer un diálogo "para solucionar los conflictos de forma pacífica e intentar llegar a una avenienca, y no tomar medidas drásticas de este calibre".

A su juicio, esos hechos son un síntoma manifiesto de que la situación dentro de la Guardia Civil cada día se deteriora más.

En los mismos términos se pronunció el SUP a través de un comunicado, en el que protesta por esas medidas sancionadoras puesto que "cuando no se basan en fundamentos sólidos sólo pueden dar lugar a descontento, crispación y desmotivacón entre los miembros del colectivo".

El sindicato policial concluye diciendo que el trto que reciben los guardias civiles, se refleja en su comportamiento. "De ahí el divorcio que, a veces, sigue existiendo entre ciudadanos y miembros de los cuerpos de seguridad".