El SUGC argumenta que las pruebas que las fuerzas de seguridad obtengan tras entrar en un domicilio sin mandamiento judicial, no gozarán de las garantías procedimentales, por lo que no serán válidas, para condenar a una persona que presumiblemente ha cometido un delito.

"Reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo", explican, "ha inadmitido en los procedimientos judiciales las llamadas pruebas prefabricadas, que son las obtenidas cuando media la actuación de algúnfuncionario policial que se ha infiltrado en redes del narcotráfico. Es por esto que con mayor razón se inadmitirán como válidas las obtenidas en una entrada en un domicilio sin orden judicial".

Además, recuerdan que para entrar en un domicilio con autorización judicial no es necesario que el policía se identifique antes de que habrán la puerta y aseguran que también puede acceder a la vivienda aprovechando la entrada de un presunto comprador de droga, "por lo que el factor sorpresa no se ve menoscabao".

Por ello, concluyen que el supuesto de entrada en un domicilio cuando presumiblemente se esta comentiendo un delito contra la salud pública prevista en la polémica ley, "es innecesario y rebasa el contenido esencial de derechos fundamentales de la persona si no hay autorización judicial".

Respecto a la identificación de personas que no lleven el D.N.I., insisten en que esa circunstancia ya era un hecho constitutivo de infracción administrativa sancionada con una multa que impone el GobernadorCivil de la provincia.

Asimismo, califican de innecesario trasladar al indocumentado al cuartel de la Guardia Civil, por considerar que un coche patrulla dispone de los mismos medios para identificar a la persona.

"Al no existir", agregan, "el tipo de intermedio entre detención y libertad, no se puede retener a nadie, porque en realidad estará detenido (...). En consecuencia, establecer una situación intermedia entre libertad y detención, resulta contrario a la Constitución".

El SUGC adviert que para reformar la Constitución es necesario disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, además de someter la decisión a referéndum.

Según el sindicato clandestino, si el Partido Popular presenta finalmente recurso de incostitucionalidad a la ley, las disposiciones que contradigan la Constitución deberán ser expulsadas del ordenamiento jurídico español.

Esto también ocurriría si los jueces que dicten sentencias en un caso en el que se haya hecho uso de la norma, presentan cuestión de incnstitucionalidad en su contra.

CORCUERA DICE QUE NO DIMITE

Por su parte, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, declaró hoy a RNE que no se le ha "pasado por la cabeza dimitir", aunque agregó que ocupa un puesto "en el que tres años ya es un tiempo más que importante".

En relación con los jueces, dijo que "cabreaditos hay muchos en toda la sociedad. No es eso lo importante. Es casi más importante que no se produzcan malos entendidos y alguno se ha producido en los últimos días".

"Yotengo mi forma de ser", añadió, "mi forma de expresarme y me parece que el Parlamento es un lugar donde no tiene que producirse la uniformidad. Mas bien, lo que tiene que resaltarse, si cabe, son las diferencias y, en cualquier caso, el pronunciarse con libertad".