Borrell adelantó su intención de promover ante el Grupo Scialista del Congreso el voto contrario al decreto del Ejecutivo, y apuntó la posibilidad de que dicha liberalización "contenga algún tinte inconstitucional".

Señaló que la medida perjudica a los ayuntamientos porque no dispondrán de la cesión de suelo que por ley obtenían hasta ahora, "pero sobre todo lesionará a los españoles que proyecten la compra de una VPO como única vía para acceder a una vivienda".

Según explicó, "la inmensa mayoría de las 600.000 viviendas acogidas al anterior plan de viienda -gestionado por el Gobierno socialista- se han construido sobre ese suelo cedido por los propietarios a los ayuntamientos a cambio de la recalificación, y al recortar dicha cesión habrá menos suelo para VPO".

"El Gobierno", dijo, "debería explicar a los ciudadanos que ahora habrá un tercio menos de posibilidades de acceder a una vivienda protegida, y porqué cree que esto redundará en una rebaja del precio del suelo, porque donde se han aplicado estas medidas, como es el caso de Cataluña, nadie h constatado que el precio del suelo sea más barato que en el resto del país".

Respecto a la posible inconstitucionalidad de la medida, el ex ministro 'tiró' de su experiencia al frente de Obras Públicas para recordar que, por menos, el Alto Tribunal paralizó la política de vivienda en las comunidades autónomas.