El objetivo del Gobierno es trasladar esta posibilidad a la Mesa General de la Función Pública, con presencia de sindicatos y comunidades autónomas, para decidir el incremento definitivo del salario de los empleados públicos para el próximo año.

La idea es que esa reunión, en la que será la primera vez que las autonomías participen en este proceso, habitualmente limitado a los sindicatos, se produzca la próxima semana.

La subida inicial lineal será del 2%, al que se debe sumar una serie de complementos que darán el alza definitiva que rozará el citado 3,1%.

A ello se une la habitual aportación que el Gobierno hace al fondo de pensiones de los funcionarios, algo de lo que sólo se beneficiarán el alrededor del medio millón de empleados de la Administración Central, ya que para el resto de funcionarios son sus respectivas administraciones las que deben promover, si no lo han hecho ya, la distribución de parte del alza de sueldos en salario diferido.