Así lo anunciaron hoy, en rueda de prensa, los representantes populares en la subcomisión parlamentaia que estudia la política de subvenciones del Ministerio de Industria, que esgrimieron datos proporcionados por el propio departamento.

Según estos datos, Industria suscribió un contrato con "Teca Consultores" en virtud de una orden ministerial de febrero de 1996, en el que se establecía una cantidad fija para la empresa de 2.600.000 pesetas mensuales, 1.300.000 pesetas al mes para dietas y desplazamientos sin justificar, 350.000 pesetas por informe, y un 5% de las subvenciones de la provincia de Leó, hiciera o no los informes correspondientes a las mismas.

Además, subrayaron la posible "coincidencia" de que la empresa tenía el domicilio en Zaragoza, lugar de donde era Alberto Lafuente, secretario de Estado en esa época.

Frente a este contrato, el popular Diego Jordano contrapuso el "normal" que el Ministerio tenía en esos mismos meses con la consultora "GPI", en el que sólo se establecía una cantidad de 360.000 pesetas por informe, y que el PP rebajó hasta 250.000 al llegar al Gobierno, sinperder los servicios de la empresa.

A la vista de estos datos, Jordano sugirió la posibilidad de pedir una fiscalización específica al Tribunal de Cuentas que, al tratarse de un hecho anterior al objeto de estudio de la subcomisión, y afectar a miembros de la oposición, se analizaría en su momento en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.

El portavoz popular enmarcó esta irregularidad en las "improvisaciones" cometidas por el Ministerio de Industria en la etapa socialista, especialmente grave según dijo, en los meses anteriores a las elecciones generales.

LEY GENERAL DE SUBVENCIONES

Al margen de esta denuncia, los representantes del Grupo Popular se mostraron partidarios de impulsar la Ley General de Subvenciones reclamada ayer en el Congreso por el presidente del Tribunal de Cuentas, si bien eludieron precisar la fecha en la que podrían comenzar las conversaciones con el resto de fuerzas parlamentarias.

En cualquier caso, reconocieron que esta ley, que requeriría la mayoría absolua de la Cámara para ser aprobada por ser orgánica, será una de las conclusiones de la subcomisión al acabar sus trabajos, prevista para el 31 de mayo.

Por lo demás, consideraron que las tres sesiones celebradas hasta ahora por la subcomisión han demostrado la ausencia de irregularidades en la concesión de subvenciones del Ministerio de Industria desde 1996, incluidos los casos más polémicos, como Torcidos Ibéricos, Telecable o Uría Motor.

En su opinión, a pesar de la ausencia de una ley específic, las medidas introducidas por el PP desde 1996 han llenado parcialmente las lagunas legislativas existentes y han corregido gran parte de las deficiencias.

En conclusión, tanto Jordano como Javier Peón y Ramón Aguirre hicieron hincapié en señalar las diferencias "entre el antes y el después" del Ministerio de Industria en lo referente a los criterios de concesión de subvenciones y su posterior control.