Nieto compareció hoy ante la subcomisión parlamentaria que estudia a política de subvenciones del Ministerio de Industria, a cuyos miembros alertó sobre la necesidad de aprobar una Ley General de Subvenciones que regule la actividad pública y permita su riguroso control.

Aunque precisó que el Tribunal de Cuentas no posee datos concretos de fiscalización posteriores al año 1996, explicó que las deficiencias en el marco legal persisten.

Según su exposición, los problemas vigentes que requieren solución son las carencias en el cumplimiento de la justificación por prte de los receptores o en la comprobación de la aplicación que se ha dado a la subvención y sus resultados, algo que "permite cuestionar la propia concesión".

Además, subrayó la carencia actual de un procedimiento "fiable" que permita comprobar si el perceptor de la subvención ha recibido ya alguna otra de otra administración, y la falta de mecanismos para que los distintos niveles de la administración u organismos puedan intercambiar información.

En conclusión, explicó que la normativa actual cntiene "importantes lagunas y deficiencias" para poder controlar de forma rigurosa la legalidad, la eficacia y la eficiencia de las subvenciones, y resulta además insuficiente para garantizar el buen uso de fondos públicos.

"APROXIMACION AL PODER"

En su turno de respuesta a la intervención de los distintos portavoces, Ubaldo Nieto reconoció que "una cierta picaresca", el conocimiento de los entramados administrativos o una "buena aproximación al poder" pueden facilitar la obtención de subvenciones. Nieto reiteró que mientras no se establezca un sistema de regulación de las competencias de los receptores y los gestores de las subvenciones, que acabe con la actual multiplicidad de procedimientos burocráticos sin coordinar, el control tendrá "fallos y deficiencias" y será imposible lograr la total eficacia y eficiencia de las subvenciones.

El socialista Alvaro Cuesta aprovechó su turno para referirse al informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización de la política de incentivos regionales en a época socialista, y reiterar que no plantea problemas de cumplimiento de la legalidad, ni criterios de de "favoritismo" o "arbitrarios" en su concesión. Nieto se negó a valorar este informe mientras no sea presentado ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.

Mariano Santiso, de Izquierda Unida, subrayó que el "oscurantismo" actual provoca discriminaciones en la concesión de subvenciones y contradice los criterios de objetividad y transparencia. Por parte de CiU, Jordi Jané se comprometió a insar al Gobierno a elaborar una Ley General de Subvenciones, igual que el diputado de Coalición Canaria Jesús Gómez.

Por parte del Grupo Popular, Diego Jordano reprochó a los socialistas no haber aprobado esa ley cuando el Tribunal de Cuentas advirtió de su necesidad, en 1993, comentario que suscitó una pequeña controversia dialéctica con Alvaro Cuesta, y subrayó la "abundante" legislación aprobada por el Gobierno del PP para incrementar el control de las subvenciones.

Jordano rechazó que esta subcmisión deba estudiar informes anteriores al año 1996, en referencia a la intervención de Alvaro Cuesta, pero recomendó a los portavoces que se lean la documentación entera para no sacar conclusiones que no sean correctas.