Esta asociación ha realizado diversos trámites ante el Grupo Popular en el Congreso, el Ministerio de Economía y Hacienda y el Consejo de Defensa del Contribuyente para trasladar al Gobierno el conflicto legal planteado con la resolución dictada el pasado mes de abril, con la que se pretendía zanjar la polémica sobre la atribución de competencias de este cuerpo.

El objetivo "hacer responsable al Ejecutivo de la falta de control sobre la Agencia y sobre sus disposicioes normativas". Los subinspectores sostienen que esta norma contiene "presuntos indicios de prevaricación y falsedad en documento público".

A su juicio, la resolución de abril vulnera los derechos y garantías del contribuyente establecidos en la Ley 50/98, además de crear inseguridad jurídica y de generar "vicios sustanciales" del procedimiento que pueden acarrear la anulación de las actuaciones inspectoras.

La Asociación mantiene que, de acuerdo con el contenido de la Ley, cuando por razones de ficacia se quiera ordenar una actuación a un subinspector, debe ser el inspector jefe quien dicte la orden.

Según esta versión, en la práctica no existe esta autorización legal, puesto que es el jefe de unidad quien ordena verbalmente la comprobación que tiene que realizar el subinspector, quien finalmente realiza la inspección en su totalidad y firma el acta. En su opinión, esto es "completamente ilegal".