Asimismo, la comisión se encargaría de investigar ciertos métidos utilizados por cargos dirctivos de la Agencia Tributaria con el ánimo de forzar a los subinspectores a actuar en contra del ordenamiento legal, según la asociación.

En el documento se ofrece al Parlamento la colaboración de algún miembro de la Asociación de Subinspectores, a fin de facilitar las labores de investgación. En previsión de posibles represalias administrativas, la citada asociación solicita la protección parlamentaria para este profesional.

La Asociación de Subinspectores expone que una de las razones fundamentales por las que debe procederse a abrir una comisión de investigación es "la evidencia de que los resultados de la inspección que finalmente va a presentar la agencia referentes a 1998 no han respectado los objetivos marcados por el Plan Nacional de Inspección y han sido inflados con desproorcionada Deuda en Disconformidad".

Los subinspectores aseguran también que la Agencia Tributaria ha recurrido a métodos poco usuales para contrarrestar y ocultar la lógica disminución de la deuda instruida y liquidada, producida por el "vertiginoso descenso de actuaciones de comprobación e investigación, tras haber dejado los subinspectores de ultimar, ajustándose a la normativa legal de la agencia".

Asimismo, los subinspectores señalan que la Agencia Tributaria no atiende las recomendaciones dela Comisión Europea en el sentido de reducir los controles rápidos y formales para centrarse en las comprobaciones en profundidad y, por el contrario, potencia los llamados "planes basura" para suplir la falta de número de contribuyentes inspeccionados.

Advierten asimismo en el documento de que con el incremento exorbitante de las llamadas "actas por edicto", es decir, actas que se comunican al contribuyente por el boletín de la provincia al encontrarse ilocalizado, "se produce un montante enorme de Duda de Actas de Disconformidad, que son de imposible cobro, y una caída importante de la recaudación"

Los subinspectores ponen también en conocimiento de los grupos parlamentarios la situación de "flagrante irregularidad" en que operan las Oficinas Técnicas de Inspección, donde se liquidan todas las actas de inspección. En estas dependencias trabajan más de 100 subinspectores a pesar de que la orden ministerial que las regula sólo contempla que a ellas pueden ser asignadas