En la carta, en la que Arteta solicita una reunión, se acusa a los directivos de la Agencia Tributaria de "engañar" y de "no obedecer" al propio ministro. En opinión de los subinpectores, aquéllos están actuano con "oscurantismo y manipulación de los resultados de la lucha contra el fraude".

A esto se suman "los ya numerosos casos aislados de presunta corrupción puestos al descubierto en los últimos meses", lo que está generando "una fuerte desmoralización entre todos los funcionarios y una pérdida de credibilidad sin precedentes ante los contribuyentes".

Los subinspectores dicen contar con "pruebas oficiales" sobre el "inflado" de las cifras de lucha contra el fraude y sobre el falseamiento de los daos entregados en el Congreso de los Diputados, que también se difundieron por Internet a todos los ciudadanos.

La Asociación sostiene que el propio Rato se dió cuenta en febrero de este hecho, razón por la que el secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria, Juan Costa, ha eludido comparecer ante la Cámara para explicar los últimos resultados de la inspección tributaria.

Añaden que insistirán ante los grupos parlamentarios sobre la necesidad de abrir una comisión de invetigación al respecto. Entre los datos falseados, la organización cita las 79.000 actas de inspección supuestamente abiertas el año pasado, cuando en realidad 22.000 de estas actuaciones fueron "simples diligencias o similares".

Los subinspectores añaden que se aumentaron artificialmente los millones de pesetas de deuda fiscal descubierta, de forma que el balance del año pasado fue inferior a los 330.000 millones de pesetas, es decir, 250.000 millones menos que en 1997, pérdida "que desesperadamente setrató y se sigue tratando de ocultar".

Afirman también que, mientras que oficialmente se habló de un "espectacular aumento" de las denuncias por delitos fiscales, que la Agencia Tributaria cifró en 649, la Fiscalía General del Estado rebajó este número a menos de 200.

Finalmente, la asociación reitera que los directivos de la Agencia han actuado contra la legalidad al aprobar el pasado mes de abril un reglamento sobre la atribución de competencias de este colectivo, razón por la que se les está oligando a cargar con todo el peso de las actuaciones inspectoras sin estar legalmente autorizados para ello.