Consideró necesaria "una reforma fiscal seria, completa y para el medio plazo, que genere seguridad y certidumbre a las familias y a las empresas”, porque "hay que hacer una actuación concreta en el IRPF para paliar los efectos de la inflación, pero no la que propone Ayuso, que es beneficiar al 1,2% de rentas más altas que ganan más de 200.000 euros y dejar a un lado reformas para las rentas bajas y medias”.

Su planteamiento de reforma del IRPF se basa en elevar el mínimo personal en 200 euros y otros 200 por el primer y segundo hijo, dirigido a las familias. También se eleva 200 euros el mínimo por discapacidad, y hasta el máximo permitido, el mínimo por ascendientes. También plantea aplicar la rebaja de 0,5% en todos los tramos actuales del IRPF hasta 78.000 euros; y las rentas entre 78.000 y 150.000 euros tributarían al mismo tipo que se aplica en la campaña actual, para la renta de 2021, el 21%.

Asimismo, el PSOE propone un nuevo tramo para bases imponibles superiores a 150.000 euros, lo que afecta tan solo al 1,4% de los declarantes de la renta en la Comunidad de Madrid.

Lobato explicó que para que la reforma sea completa también se debe aplicar a los impuestos de Sucesiones y Patrimonio. Su propuesta es blindar a todos los madrileños que tengan un patrimonio de hasta 1,5 millones de euros, que no pagarían ni un euro más de impuestos.

A partir de esa cifra, el impuesto sería progresivo. También propone blindar a todos los madrileños que hereden hasta 1.008.008 euros, que no pagarían ni un euro más de impuestos. Las herencias más altas estarían bonificadas de forma progresiva. Actualmente las bonificaciones planteadas por la Comunidad de Madrid son lineales, no establece diferencia según la cuota tributaria resultante del hecho imponible, precisaron los socialistas.

Aseguró que con esta reforma fiscal se recuperaría parte de la recaudación, ya que actualmente, según datos de la Cámara de Cuentas, en 2019, 19.090 contribuyentes, con un patrimonio medio de diez millones de euros, no pagaron nada por su patrimonio, dejando de ingresar la Comunidad de Madrid 990 millones de euros.

Aún así, señaló, quedarían exentos los patrimonios que generen actividades económicas y productivas que dinamicen la economía madrileña, como los bienes dedicados a actividades del sector primario, agrícolas, ganaderas y vinícolas o las viviendas o inmuebles dedicados a la actividad económica y arrendamiento de vivienda habitual, entre otros.