Los agentes encargados de conducir vehículos en acto de servcio están cubiertos por un seguro `a terceros' que corre con las indemnizaciones a las personas o cosas afectadas en los accidentes de tráfico en los que participen vehículos de titularidad estatal, así como las costas juciciales de los procesos.

También quedan cubiertos los agentes acompañantes pero no el conductor, ni en caso de lesiones ni en caso de muerte. La Dirección General de la Policía tampoco corre con el pago de multas impuestas por resolución judicial al conductor del coche que se ve obliado a pagar estas cantidades de su bolsillo.

Según informó Santaella, esas cantidades se venían pagando previa presentación de un informe a la Dirección General de la Policía con cargo a los fondos reservados, práctica que fue erradicada a la llegada de Belloch a Interior.

El SPPU ha solicitado al ministerio que se suscriba un seguro de responsabilidad civil para cubrir estas repercusiones negativas en los funcionarios que conducen coches oficiales y, en caso de no recibir una respuesta afirmativ de la Administración, recomendarán a los policías que se nieguen a conducir.

Este régimen en el uso de coches de titularidad estatal afecta a la policía, la Guardia Civil y el Ejército, aunque han sido los sindicatos policiales los más activos en la denuncia de esta situación.

Según la póliza de seguro de automóviles de responsabilidad civil obligatoria, están excluidos de la cobertura del seguro "los daños corporales y materiales producidos al tomador del seguro, al propietario del vehículo idetificado en la póliza o al asegurado conductor del mismo".

Santaella se quejó también de que en el último año son los servicios jurídicos del Estado los que defienden a los funcionarios en las causas judiciales por accidente. "Ellos defienden los intereses del Estado y cuando hay que declararlo responsable civil subsidiario, lo evitan", aseguró.

El SPPU ha enviado varias comunciaciones a Interior para conocer cual es el régimen que afecta a los conductores y tanto el jefe de la sección de recurso, Manuel Naveira López, como el secretario del Consejo de la Policía, Agustín Gonzálo Lorenzo, han negado la obligación del ministerio de pagar las multas.

Como ejemplo, el SPPU cita el caso de un agentes que el pasado 4 de febrero circulaban en un coche patrulla por la Avenida de la Generalitat, donde el vehículo que le precedía frenó bruscamente y fue alcanzado por detrás por el coche 'Z'.

Tras realizar un parte amistoso, el agente que conducía el coche patrulla fue condenado a pagar una multa e 50.000 pesetas por imprudencia, que hubo de abonar de su bolsillo.

Se produce la cincunstancia de que algunos de los policías afectados se han negado a abonar los importes de estas penalizaciones y han sufrido embargos o arresto sustitutorio.