El SPP afirma, en una nota de prensa, que "la detención de una persona, como consecuencia de su presunta participación en un delito, implica indefectiblemente la privación del derecho a la libertad, pero no del resto de derechos", como establece el artículo 17 de la Constitución, el 5.3 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El sindicato responde así a las críticas contra la policía por haber actuado con un exceso de rigor en las detenciones de Baleares, en comparación con otros arrestos realizados anteriormente en casos similares, en los que no se actuó con tanto celo.

El SPP señala que la conducción de los detenidos desde la Jefatura Superior de Policía de Baleares hasta la sede de los Juzgados de Palma de Mallorca está específicamente atribuida a la Brigada de Seguridad Ciudadana.

Por ello, indica que es necesario que el máximo responsable de la misma establezca rápidamente las circunstancias de ejecución del protocolo de puesta a disposición judicial de las personas detenidas, "por si se hubiera incurrido en algún tipo de negligencia profesional".

Por último, el SPP exige que se realicen las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de estos hechos, que, en su opinión, "perjudican seriamente la imagen del Cuerpo Nacional de Policía", en un momento en el que sus agentes integrantes "están realizando los máximos esfuerzos personales" para la localización y detención de los miembros de ETA que asesinaron a dos guardias civiles la pasada semana en Mallorca.