Lorente hace esta petición tras presentar el informe 2006 de la Federación, según el cual ni Marruecos ni Mauritania "garantizan la ncesaria protección de los derechos humanos" de los inmigrantes que son repatriados desde España.

La revocación de estos dos acuerdos supondría que los extranjeros irregulares que llegan a las costas españolas en patera o cayuco procedentes de esos dos países permanecerían acogidos en España.

SOS Racismo también pide al Ejecutivo la revocación del Memorándum de repatriación de menores no acompañados con Marruecos, porque tampoco se garantizan los derechos humanos de estos chicos.

Por otro lado, Lorente instó al Gobierno a implantar medidas permanentes de regularización de inmigrantes, "ante la permanencia de aproximadamente un millón de personas en situación irregular" tras el proceso de normalización del pasado año.

RENOVACIÓN

Asimismo, el portavoz de SOS Racismo denunció el "porcentaje altísimo" de extranjeros que obtuvieron documentación el pasado proceso de regularización "y a los que no se les está renovando los permisos.

El Informe Anual 2006 de SOS Racismo constata un año más que el racismo hacia los gitanos "es grave". En este sentido, esta ONG espera que el recien creado Consejo Estatal del Pueblo Gitano contribuya a fomentar la igualdad de oportunidades y a luchar contra las discriminaciones que sufre esta etnia.

En cuanto a inmigración, el citado informe denuncia la Ley de Extranjería por entender que "discrimina y criminaliza a la población extranjera en el Estado español". Asimismo, califica de "hechos gravísimos" las muertes de inmigrantes en la vallas de las fronteras de Ceuta y Melilla.

En este sentido, Lorente propone al Gobierno una nueva política migratoria europea que contemple el rechazo a la externalización de fronteras y las expulsiones conjuntas, el respeto estricto al derecho de asilo y refugio, y la apertura de vías legales de entrada desde los países emisores de flujos migratorios.

Finalmente, el informe recoge el "preocupante" aumento de partidos y discursos xenófobos en Europa y España, las desigualdades laborales y los problemas de vivienda que sufren los extranjeros, el aumento del rechazo social hacia ellos y algunos casos de "impunidad y abuso" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hacia estas personas.