Según la federación, "esta decisión es un claro ejemplo de las políticas de inmigración que viene desarrollando el Gobierno de España, vinculando la inmigración únicamente a los flujos de trabajadores".

Además, considera que "enaltece discursos y actitudes racistas y xenófobas", pues parece confirmar el argumento de que los extranjeros quitan el trabajo a los españoles, y "favorece que los búlgaros y rumanos residentes en España sigan viendo violados sus derechos laborales, al tener que continuar con sus trabajos de forma irregular".

Para SOS Racismo, es "irresponsable" justificar la prórroga del reconocimiento de libre circulación mediante argumentos "falsos o no demostrados", como el desajuste del mercado laboral.

Por ello, SOS Racismo exige la suspensión de la decisión gubernamental y el reconocimiento de la libre circulación de los ciudadanos búlgaros y rumanos.