Ramírez declaró a Servimedia que esta propuesta del PP "no es de recibo" en un Estado de derecho, y destacó que los ciudadanos, sean españoles o extranejros, tiene que cumplir las leyes de este país.

A renglón seguido, el portavoz de SOS Racismo dijo que "cumplir con la Constitución y el ordenamiento jurídico no puede estar condicionado al respeto de ciertos valores y a determinados comportamientos".

Concluyó que, en una sociedad democrática, ese contrato es "inaceptable", porque considera a los inmigrantes "mano de obra barata para explotar y condicionada a determinadas cuestiones para ser receptora de derechos".