La sentencia acepta como hechos probados que los dos policías, al interrogar al "Willy" sobre su participación en un robo que ocurrió la noche anterior y en el que murió el policía Miguel Breganciano, "le propinaron puñetazos en distintas partes del cuerpo, entre otras, estómago y espalda (...), presionándole también con hacerle la denominada 'mesa'".

A Willy, que desde 1983 padecía la enfermedad de "Kala-Azar", le ingresaron cuatro días después de ser torturado en la Residencia Sanitaria Primero deOctubre, ya que presentaba un desgarro esplénico.

El objetivo del ingreso fue practicarle una cirugía en el bazo, "sin que conste que dicho desgarro haya sido producido por los golpes propinados por los procesados", según señala el tribunal.

Manuel Rafael Gómez falleció el 10 de noviembre de 1988 por causa de una neumonía, de acuedrdo con el informe médico.

La Sala que ha juzgado a los dos funcionarios policiales reconoce haberse encontrado con muchas "dificultades probatorias" para determinr el alcance lesivo de los golpes propinados a Manuel Rafael.

Asimismo, la Sala ha otorgado validez a las declaraciones que hiciera el propio "Willy" en el sumario, tras iniciarse la causa, y a las que formularon algunos "testigos de referencia" (la madre, la cuñada y una vecina del "Willy") denunciando todos ellos la existencia de las torturas.

Sin embargo, el tribunal señala que, "una vez acreditada la existencia de esos golpes o malos tratos, se plantea el problema de si el desgarro esplénico ...) fue producido por aquellos golpes".

La Sala, que preside Jose Manuel Maza apela, como dificultades para conectar la causa con el efecto, a una razón médica ("por la ausencia de partes médicos que reflejan el estado físico del detenido a la entrada y salida de comisaría") y a otro motivo capaz de generar mayor controversia: que "Willy" fue objeto de una segunda detención, el mismo día 26 de abril de 1985, en la que también denunció haber sido torturado, pero en este caso por otros policías distints a los procesados en esta causa.

RIESGO DE ANIMAR A LA TORTURA

Fernando Salas, abogado encargado de la acusación popular en representación de la Asociación contra la Tortura, se encargó de señalar en la vista oral, iniciada el pasado 4 de marzo, que una actitud dubitatiba por parte de los tribunales al delimitar las responsabilidades en los casos de torturas, podría ser muy peligrosa.

El letrado explicó que hay casos en los que las torturas se producen en distintos momentos y a cargo de diferetes agentes, por lo que ese comportamiento de los jueces sólo conduciría a animar a los propios torturadores a actuar en más de una ocasión, de modo que no se pudiese delimitar cuál de ellas fue la causante del efecto que en cada caso se produjera.

Tanto la acusación popular como la particular habían solicitado para los dos policías de Parla una pena de 5 años de cárcel y un total de 21 años de inhabilitación, por un delito de torturas, otro de detención ilegal y un tercero de privación del ejercicio e los derechos cívicos.

La sentencia de la Audiencia Provincial, además de recortar sustancialmente las penas por los dos primeros delitos, absuelve a José García y Manuel García del de privación del ejercicio de los derechos cívicos.

Por último, el tribunal accede a abrir "deducción de testimonio" para estudiar la posible responsabilidad criminal de las declaraciones que el comisario jefe de la comisaría de Parla, Agustín Moreno, y los inspectores de policía Angel Vejarano y Pedro Luis Martín Reiriego hicieron en el curso de la vista oral, cuando declararon como testigos.