En total, la convalidación obtuvo 318 favorables y 16 abstenciones. Sólo el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, votó en contra, pidiendo su derogación.

Durante su intervención, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, insistió en que se trata de una solución "de urgencia", "temporal" (estará vigente mientras dure la sequía o hasta la puesta en marcha desalinizadora del Prat) y que aportará caudales "con un volumen limitado", ya que nunca se superarán los 4 metros cúbicos por segundo de caudal máximo, ni el límite total de 50 hectómetros cúbicos anuales.

Tras apuntar que "adoptar medidas para paliar la situación de escasez hídrica en cualquier territorio es una obligación del Estado", Espinosa explicó que Barcelona necesita 19,4 hectómetros cúbicos al mes para abastecer sus necesidades y que, "si la ausencia de precipitaciones persiste, sufrirá un déficit de 3,9 hectómetros cúbicos a partir de octubre de este año".

Espinosa, que aseguró "haber analizado distintas alternativas" junto al Gobierno de la Generalitat, recordó que este real decreto ley pretende evitar restricciones a los cinco millones de habitantes de la capital catalana entre octubre de 2008 y julio de 2009, cuando entrará en funcionamiento la desaladora del Prat.

"Con el propósito de aunar esfuerzos", prosiguió, este texto "reasignará caudales" para "utilizar un volumen de agua no aprovechado", pero "no supondrá la creación de ninguna nueva conexión intercuenca", aunque sí exigirá realizar una infraestructura de conexión entre el Sistema del Consorcio de Aguas de Tarragona y el Sistema de Abastecimiento del Ter- Llobregat, de unos 62 kilómetros de longitud.

"La conexión intercuenca existe y se viene utilizando desde 1981", reiteró la ministra, quien subrayó que "se trata de una medida acometida con anterioridad" y que "para garantizar agua de uso de boca, se volverá a hacer en el futuro para cualquier territorio español".

Por último, señaló que el real decreto también incluye una rebaja de tasas portuarias a los barcos que transporten agua para el abastecimiento del área metropolitana de Barcelona afectada por la sequía.

A favor de la tramitación de este real decreto ley votaron el PSOE, UPyD y el PNV. El grupo parlamentario de ERC-IU-ICV se abstuvo y CiU, que insistió en "las bondades" de plantear un trasvase desde el Ródano, dijo que "no puede pronunciarse a favor" de su convalidación "ni por sus formas" (aludió a "engaños, mentiras parlamentarias" y "Gobiernos donde cada consejero tiene una opinión") ni por "la textualidad" de la norma.

La diputada y líder de UPyD, Rosa Díez, votó a favor de la tramitación del texto, pero se quejó del "debate sofista, tramposo y acomplejado" que, a su juicio, ha generado el problema de agua en Cataluña, y dijo que su grupo presentará una proposición no de ley para la ordenación, explotación y concesión de recursos hidráulicos y ayudar al Ejecutivo a "abandonar el localismo para centrarse en la nación".

También votó a favor, "por solidaridad" con Cataluña, el PNV, pese a que el diputado Joseba Agirretxea apuntó que no es la medida "ideal ni la perfecta".

Los parlamentarios de ERC e ICV, según explicó el diputado de Esquerra Joan Ridao, se abstuvieron en la votación por considerar que, "aunque se trata de obra de interés general y titularidad estatal", el decreto "se cuida mucho de decir que se trata de una inversión estatal a efectos de la disposición adicional tercera del Estatuto catalán" por lo que, a su parecer, "no se va a tratar igual a esta sequía que a los incendios que asolaron en su día a Guadalajara o Canarias".

EL PP PIDE UN PROYECTO DE LEY

El diputado popular Carlos Javier Floriano se mostró a favor de este "trasvase" a Barcelona "y de todos los que hagan posible que España sea un país de ciudadanos con los mismos derechos", pero criticó que "comience la legislatura con un debate para poner en marcha un trasvase al que su Gobierno se negó hace años".

El diputado popular pidió la tramitación de esta norma como proyecto de ley, "para que se puedan presentar enmiendas y permita abordar el problema de forma global". El Congreso tumbó esta petición con 169 votos en contra, aunque 139 diputados votaron a favor y 21 se abstuvieron.

"Presentaremos nuestra alternativa como proposición de ley con un calendario de acciones que garantice las obras del Pacto del Agua de Aragón", concluyó.