Así se desprende de la oleada de otoño del ‘Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España’, realizado por Crédito y Caución e Iberinform, que refleja que entre las empresas que tendrían que adaptarse al nuevo plazo son más las que ven la ventajas que los inconvenientes de la medida.

En concreto, el 63% del tejido productivo cree que cobrar a 30 días a sus clientes mejoraría su liquidez y solo un 12% prevé que tendría problemas para pagar a sus proveedores en ese plazo.

No obstante, el estudio muestra todavía un amplio desconocimiento de esta posible evolución legislativa, ya que el 29% de las empresas españolas aún no conoce la propuesta de la Comisión Europea para endurecer la actual normativa contra la morosidad en las operaciones comerciales.

De acuerdo con las estimaciones de la Comisión, una de cada dos facturas vinculadas a las operaciones comerciales entre empresas en Europa se paga con retraso o no se llega a pagar y una de cada cuatro quiebras empresariales se debe a los problemas de liquidez que generan los retrasos en el pago de facturas de los clientes.